Nacional

Nacional (310)

 

Phasellus sed lacinia justo. Phasellus ut diam eget leo venenatis mattis id quis dolor. Aenean consequat posuere consequat. Maecenas quis sem lorem, non molestie erat

Agusto González no sólo estaba ligado a Codelco, sino también a Cobreloa, equipo del que fue su presidente hasta mayo de 2015, oportunidad en que fue destituido al crear una sociedad distinta para hacerse del control del club.

En asamblea de socios de Cobreloa, Agusto González, fue destituido recién el 9 de mayo de este año, junto a los ex dirigentes Sebastián Vivaldi, Pedro Malebrán, Patricio Contreras, Jorge Pereira, Jorge Segovia, y Juan George, ya que habían terminado su periodo en diciembre y ellos continuaban en el directorio.

El ex miembro del directorio de Codelco y ex dirigente sindical de los supervisores “rol A” González, recibió a fines del año 2015, $ 521.999.519 tras renunciar voluntariamente en agosto del mismo año.

Polémica

González ingresó a la División Chuquicamata en 1983 y se retiró luego de 33 años, el 31 de agosto de 2015, recibiendo $376.171.567. En esa línea, González también se acogió a un convenio colectivo del Sindicato de Supervisores Rol A Codelco Norte, denominado “Plan de Egreso Voluntario Focalizado” sumando otros $146.319.239.

El pago no estuvo exento de problemas, ya que Codelco le descontó $28.926.544, porque -“erróneamente”, asegura la empresa- se le canceló dicha suma por turnos que nunca realizó.

La investigación de la Contraloría a Codelco



En los últimos días, el organismo que dirige Jorge Bermúdez inició una inédita fiscalización sobre la mayor empresa estatal del país. Ello, luego de la denuncia de una millonaria indemnización a un ex ejecutivo de Codelco que llevó a Bermúdez a recurrir a una cláusula que permite a la Contraloría indagar directamente los recursos de la cuprera en sus procesos de desvinculación de funcionarios.

Las investigaciones de Contraloría llevan a los fiscalizadores a constituirse en el servicio o empresa para iniciar la revisión de los documentos relativos a la materia investigada, lo que ocurriría en los próximos días en Codelco.

El hecho (Pago de casi $ 522 a González) fue denunciado por el senador independiente Pedro Araya y llevó al contralor Jorge Bermúdez a poner en entredicho las facultades de dicha empresa estatal respecto de la forma en que está ejecutando los planes de retiro de sus funcionarios y ejecutivos y, por extensión, las negociaciones colectivas en la cuprera, cuestionando la “libertad de disposición patrimonial” de Codelco al administrar recursos públicos que debe cuidar.

“Esto surge a raíz de una denuncia que recibo de un ex trabajador de Codelco, que me señala que él había trabajado junto al señor González en la misma época y que recibió una indemnización bastante inferior a la que éste recibe. El me señala que pese a haber requerido a Codelco las razones del monto de su indemnización, no había tenido una respuesta. Por eso envié el oficio”, explica a latercera.com, Araya.

Presidente del Directorio de Codelco



El pasado martes 18, Oscar Landerretche, en El Mercurio, sostuvo ante el dictamen que cuestiona los pagos indemnizatorios que “lo que está en discusión, en el fondo, es el modelo de gobierno corporativo completo de Codelco, de si esto se va a conducir como una empresa o un servicio público”. Y agregó que dicha discusión podrá tenerse explícitamente, “porque puede haber personas que consideren necesario que Codelco sea más parecido a un servicio público. Eso sí, tengo el deber de advertir que no conozco empresas mineras en el mundo que se gestionen así”.

El mismo argumento utilizó Landerretche en La Tercera respecto de las adquisiciones de bienes y servicios por parte de Codelco. “Lo que no podemos seguir teniendo es una entidad como la Contraloría, que es de la mayor importancia para el país, que interpreta que cumplamos con la Ley de Compras Públicas, mientras que el directorio de Codelco cree que debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas (…). Hay una discrepancia en el modelo de gestión, y el mejor modelo para Codelco es de empresa, como son las grandes mineras internacionales”, afirmó el ejecutivo.

Pagos retenidos

“Nosotros esperamos que la Contraloría pueda realizar rápidamente su trabajo y poder despejar si esto se trató de un caso aislado o efectivamente estamos hablando de un mayor número de trabajadores”, señaló el senador Araya, aludiendo al caso del ex directivo de Codelco Augusto González, que originó la intervención de la Contraloría.

Sindicato Supervisores llegará hasta los tribunales para defender independencia y Gobierno Corporativo



Al respecto el presidente del Sindicato de Supervisores Dancan Araya, en entrevista con El América.cl; dijo que la semana pasada en Chuquicamata su sindicato realizó una asamblea informativa del caso, desglosando punto por punto lo dicho por Contraloría sobre los egresos, y en especial sobre el pago recibido por el ex supervisor Augusto González.

“El dictamen de la Contraloría General de la República adolece de varias informaciones, primero lo que dice es que para un sólo echo; que es la desvinculación o la salida de un trabajador, el supervisor en este caso, hay doble pago, que es la indemnización por años de servicios y además, el plan de egresos que nosotros teníamos por contrato colectivo, ellos cuestionan eso; además de las vacaciones” reseña Araya.

Agrega que la Contraloría asegura que entre Codelco y el supervisor hubo un acuerdo para no pagar impuestos al liquidar sus vacaciones dentro del finiquito.

Asegura el dirigente que a González se le pagó lo que le corresponde y que está dentro del contrato colectivo vigente de los supervisores “no hay más plata del punto de vista de la indemnización y el plan de egreso”. Reconoce que sí hay un pago que se autorizó al ex director de Codelco según la investigación, y que el pago era extra que no le correspondía y que la empresa se lo descontó de su indemnización por años de servicios que fueron alrededor de 32 millones de pesos. El pago que señala Dancan Araya son los bonos recibidos en el ejercicio de director de Augusto González que le pago en su sueldo siendo director de Codelco.

El cuestionamiento de la Contraloría a Codelco es que la estatal no puede negociar colectivamente y menos negociar platas “y ahí la posición nuestra como sindicato es dejar en claro que hay un contrato colectivo legal ante la ley” asegura el dirigente.

Explica Araya a elamerica.cl, que el documento 17 y 18 del Ministerio de Hacienda señala que el Gobierno Corporativo de Codelco puede tener hasta un 1% de negociaciones colectivas en sus utilidades “por lo tanto está autorizado negociar colectivamente con sus trabajadores, además hay un dictamen del Ministerio de Economía que dice textual; para efecto de negociaciones colectivas en Codelco, las divisiones pasarán a ser empresas distintas” aseguró.

Finalmente Dancan Araya dijo que ante esta situación la FESUC y la FTC están unidos y si hay que ir a tribunales `para defender la independencia de Codelco lo harán sin vacilar, ya que la Contraloría no tiene legalmente las facultades para cuestionar ni para controlar a Codelco que tiene su gobierno corporativo.

La empresa indicó que, por medio de las tarifas Promo, Light, Plus y Top, el pasajero podrá escoger la modalidad de viaje.

La aerolínea LATAM anunció un nuevo sistema de venta de pasajes a contar de este 20 de mayo, con el cual se venderán tickets con hasta 40% de descuento.

De acuerdo a lo informado por la firma, la modalidad estará disponible para vuelos domésticos durante todo el año, concretando una rebaja de entre 20 y 40% en el precio de los boletos, lo cual los transforma en un valor "históricamente bajos todos los días y no sólo durante las promociones".

En concreto, la empresa agrega cuatro tipo de tarifas: Promo, Light, Plus y Top, cuyo precio será diferente ya que incluye opciones que el pasajero tiene la libertad de elegir o desechar.

"Por ejemplo, a partir de mañana un pasajero podrá volar desde Santiago a Iquique con tarifas desde $52,812 con tasas ($38,000 más $14,812 de tasas) si eligen la opción ‘Light’ -viajando sólo con equipaje de cabina y sin elección de asiento- en comparación con $74.812 ($60,000 más $14,812 de tasas) al mismo destino hasta hoy (19 de mayo)", dijo LATAM.

¿En qué consisten las tarifas? La empresa detalló cada opción con la siguiente modalidad:



Enlace: http://www.24horas.cl/economia/latam-anuncia-pasajes-historicamente-bajos-durante-todo-el-ano-2389222
La normativa, creada en la dictadura militar, había sido reimpulsada en la actual administración generando el rechazo de los parlamentarios oficialistas, especialmente de la representante del PC, Karol Cariola.

Poco más de un mes alcanzó a estar vigente el decreto 105 del Ministerio de Vivienda que prohíbe a las personas que se tomen terrenos, postular a subsidios habitacionales.

La acción había sido reimpulsada por la cartera de la actual administración reviviendo un decreto creado durante la dictadura militar, lo que había generado el rechazo de algunos parlamentarios oficialistas.

Una de las principales diputadas que se mostró contraria a la normativa fue la representante del Partido Comunista, Karol Cariola, quien incluso impulsó en la Cámara un proyecto de resolución para solicitar a la Presidenta Michelle Bachelet que oficiara al Ministerio a revertir la orden.

Así fue la misma parlamentaria que a través de su cuenta de Twitter informó que tras reunirse esta tarde con la titular de Vivienda, Paulina Saball, se le informó que se anunciará su derogación.



"Nos preocupamos muchísimo porque es un decreto castigador (...). Castigar a un poblador por participar de una toma de terreno, cuando sabemos que la gran mayoría que participan de una toma o se ve en la obligación de vivir en una toma, no lo hace por gusto, precisamente lo hace por una necesidad", señaló a Emol la diputada.

Cariola resaltó que el decreto representaba una "contradicción" con el derecho a la vivienda por lo que se mostró satisfecha con el anuncio hecho por Saball.

Enlace: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/05/17/858849/Gobierno-derogara-decreto-que-prohibe-a-personas-que-se-tomen-terrenos-postular-a-subsidios-habitacionales.html


La Contraloría General de la República dictaminó, tras investigar la indemnización por $522 millones que recibió un exsupervisor de Codelco, que quienes administran recursos públicos, como en el caso de la minera estatal, carecen de “libertad de disposición patrimonial”, lo que, eventualmente, podría limitar las próximas negociaciones colectivas y planes de egreso de la cuprífera.

El organismo fiscalizador, como parte de un informe solicitado por el senador Pedro Araya, consideró que la estatal carece de "libertad de disposición patrimonial", para sus negociaciones.

Escrito por: Cristián Venegas M.

La revisión del retiro del exsupervisor y director de Codelco, Augusto González, que el senador Pedro Araya solicitó a la Contraloría General de la República en el año 2015, para establecer si su egreso de la estatal se ajustó a derecho; originó un dictamen del organismo fiscalizador en el que advirtió que quienes administran recursos públicos, como en el caso de Codelco, carecen de "una libertad de disposición patrimonial".

El ente de control advirtió además que en la cuprífera existe "una doble cobertura ante la contingencia del término de la relación laboral, lo que hace necesaria la revisión de la sujeción, en esta instancia, de los principios de eficiencia, eficacia y probidad", conclusiones que a futuro podrían limitar el alcance de las negociaciones colectivas y los planes de desvinculación de la minera.

Impugnará el dictamen

En el comunicado interno que Codelco hizo llegar a sus integrantes, y al que tuvimos acceso, la empresa comunicó que "el directorio acordó ratificar que en virtud de su Ley de Gobierno Corporativo del año 2010, las facultades de administración y disposición están depositadas en el directorio y la administración superior de la empresa, lo que es un requisito indispensable para el correcto desempeño de su cometido y el logro de sus objetivos".

"Considerando lo anterior, agrega el escrito, el directorio resolvió impugnar dicho pronunciamiento por las vías pertinentes, sin perjuicio de entregar a la Contraloría los antecedentes que permitan esclarecer las observaciones específicas que lo ameriten". Al mismo tiempo, la minera reiteró su compromiso con continuar perfeccionando los sistemas de control y normas internas destinadas a cautelar el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y probidad.

Citan al contralor

La diputada e integrante la Comisión de Minería de la Cámara, Paulina Núñez, informó que los parlamentarios acordaron invitar a su próxima sesión al contralor general Jorge Bermúdez, para que explique el alcance del dictamen, y al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche.



"Esto se debe cumplir, pues es de sentido común que Codelco no puede tener libertad de disposición patrimonial como las compañías privadas", aseguró la congresista.

Mala interpretación

El presidente del sindicato de supervisores y profesionales de la división Chuquicamata, Duncan Araya, organismo al que pertenecía Augusto González, si bien dijo que analizarán en profundidad los alcances del documento, subrayó que "sí tenemos claro que la Contraloría no puede administrar Codelco, desde ese punto de vista no estamos de acuerdo con el dictamen. Además la empresa y su gobierno corporativo tienen, legalmente, la autonomía y la facultad de negociar colectivamente".

Araya agregó que "lo que se interpreta de lo dictaminado por la Contraloría, es que tenemos que negociar de acuerdo a lo que estipula la ley, pero la ley es clara y dice que usted no puede negociar bajo lo que dice la ley. Entonces, uno puede negociar sobre lo que dice la ley y no bajo ella, es el piso, pero lo que interpreta la Contraloría es que se debe negociar de acuerdo lo que dice la ley y eso no puede ser, porque si fuese así no habrían negociaciones colectivas", analizó.

El dirigente continuó señalando que comparten la posición que hizo publica la administración de Codelco, en el sentido que la empresa tiene un presidente ejecutivo (Nelson Pizarro) que tiene la facultad y la autoridad para negociar con los sindicatos, los que a su vez, por ley, tienen derecho a negociación. "Nosotros no podemos negociar con la Contraloría, la ley indica que debemos negociar con nuestro empleador. Entonces hay una serie de cosas que se interpretan mal", dijo el presidente.

Mal enfocados

El hecho que la Contraloría pusiera el foco de su fiscalización a Codelco, en los beneficios que se otorgan a los trabajadores y supervisores de la empresa una vez que se retiran, fue criticado por la presidenta del sindicato N°2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, quien sostuvo que el recurso humano supone un costo marginal en la empresa, pero que sigue siendo centro de los cuestionamientos, aun cuando otros factores más relevantes.

"Existe aún un costo excesivo de terceros, respecto de los cuales existen auditorías cuyos resultados no se conocen en detalle. Entonces, lo más fácil es cortar por lo más fino y cuestionar los beneficios que los trabajadores en cien años de historia hemos alcanzado; nuestros contratos colectivos, nuestros beneficios sociales, etcétera", comenzó reprochando la dirigente.

Ugarte continuó diciendo que le parece "injusto" que no se fiscalice el aspecto que efectivamente puede hacer eficiente o no a la Corporación, que es la gestión, "allí están las posibilidades de optimización, lo hemos dicho miles de veces, el recurso humano representa menos del 20% de los costos de Codelco", argumentó.

"Los trabajadores no permitiremos que nos endosen responsabilidades que no tenemos, nosotros hemos hecho la pega que nos corresponde bien y vamos a defender nuestro Codelco cien por ciento estatal con garras y uñas. Codelco es de todos los chilenos. Los que se tengan que ir por malos manejos, mala gestión, pérdida de patrimonio, proyectos fallidos o negligencia, que se vayan, sean del nivel que sean, nosotros tenemos la conciencia y las manos limpias", complementó la sindicalista.

Ni un peso de más

Teniendo como punto de referencia el contrato colectivo de los trabajadores rol B, el presidente del sindicato Nº1, Hilario Ramírez, opinó, en primer lugar, que "la cantidad de UF que estaban en el anexo 14 del contrato colectivo que terminaba el 28 de febrero de 2017, está debidamente especificada para cada trabajador, y en ese ámbito a ningún trabajador rol B se le ha dado una UF más de lo que se indica ahí, y es parte del contrato colectivo y siendo parte del contrato, es ley".

El dirigente, centrado ahora en el dictamen del contralor, dijo que "esto tiene que ver con el manual de facultades de Codelco y las facultades de cada un de los integrantes de la Corporación está debidamente clarificada sobre de quién es el deber y la responsabilidad de cada cual. Por lo tanto, a quien le corresponde hacer frente y elevar la impugnación de esto, es al directorio de Codelco y no a los trabajadores".

Ramírez añadió que "los trabajadores siempre estaremos dispuestos a defender a Codelco de quien sea y de lo que sea, porque esta es la mejor y mayor empresa estatal que ha tenido Chile en toda su historia y debe seguir de esa manera en el futuro".

Enlace: http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2017/05/11/full/cuerpo-principal/3//br>

Al menos $80.412.222 mensuales gasta el Estado de Chile en sueldos de familiares de conocidos políticos pertenecientes a la Nueva Mayoría. Tales funcionarios públicos son parientes directos o indirectos de ministros, diputados y senadores del conglomerado oficialista. Las remuneraciones van desde los $1,2 millones a los $8,6 millones mensuales brutos.

Según consigna Biobío, esta información se obtuvo por medio de una revisión de las variadas reparticiones del gobierno y de los organismos públicos. En esta investigación surgen al menos 20 personas que son familiares de connotados políticos.

PARIENTES DE PRE CANDIDATA PRESIDENCIAL

La senadora Carolina Goic (DC) tiene a dos hermanos en el gobierno.
• Pedro Goic: Es el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), y obtiene un sueldo bruto mensual de $8,6 millones. Cabe destacar que este es el sueldo más alto que se le paga a un familiar de político por un cargo en el Estado.
• Marcela Goic: Es la subencargada del departamento de contenidos de la Presidencia y tiene un sueldo bruto mensual de $5,5 millones.

MINISTROS

Dentro de los familiares de ministros se encuentran los hijos del titular de Justicia, Jaime Campos(PRSD).
• Juan Antonio Campos: Trabaja en la subsecretaría de Energía y tiene un sueldo bruto mensual de $1,9 millones.
• José Manuel Campos: Se desempeña como profesional destinado por la Direcon para una misión de Chile en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por este puesto gana US$2.470 mensuales. Que equivale a $1,6 millones.

Otro ministro que tiene familiares es la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.
• Su hija, Macarena Ossandón Saball: Es directora de la unidad de Gestión y Correspondencia de la Presidencia. Tiene una remuneración bruta mensual de $4,7 millones.
• Su esposo, Ernesto Galaz: Fue director de la división Jurídica del Ministerio del Deporte entre marzo de 2014 y abril de 2016. Su sueldo era más de $5 millones.

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), también tiene a un familiar trabajando en el gobierno, a su hija.
•Trinidad Undurraga: Es la jefa de asesores del gabinete del Sernac. Tiene una remuneración bruta mensual de $4,7 millones.

En tanto, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PRSD), también tiene a un hijo trabajando en el gobierno.
• Sebastián Gómez: Es asistente jurídico en la subsecretaría de Bienes Nacionales, y percibe un, sueldo bruto mensual de $2,7 millones.

Mientras que el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier (DC), tiene a su esposa laborando en el aparato estatal.
• Verónica Paz: Es contadora auditora, trabaja media jornada como coordinadora de soporte técnico en el Instituto de Previsión Social (IPS). Por esta función obtiene $1,2 millones mensuales.

En una situación similar se encuentra el ministro de Agricultura, Carlos Furche.
• Su pareja, Jennyfer Salvo: Es asesora en ProChile, y tiene un sueldo bruto mensual de $1,9 millones.

FAMILIARES DE SENADORES

Dentro del Senado se encuentra el senador Carlos Montes (PS). • Su hija, Javiera Montes: Es subsecretaria de Turismo y gana $8,4 millones brutos mensuales.
• Su yerno, Juan Manuel Sánchez (casado con Javiera): Es el director de Obras Públicas del MOP. Por este puesto recibe $6,8 millones.

El senador Andrés Zaldívar (DC) tiene a su hija trabajando en el gobierno.
• Francisca Zaldívar: Directora del Senda en la Región Metropolitana, cargo por el que recibe $3,9 millones al mes.

En tanto el senador Eugenio Tuma (PPD) tiene a su hija en el gobierno.
• Romina Tuma: Es Seremi de Vivienda y Urbanismo en La Araucanía. Por este puesto obtiene $4,7 millones brutos mensuales.

DIPUTADOS CON FAMILIARES EN EL GOBIERNO

El diputado Gabriel Silber Romo (DC) tiene a su esposa y al cuñado en el aparato estatal.
• Cristina Orellana: Es directora del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y tiene un sueldo bruto mensual de $5,4 millones.
• Su cuñado, Julio Valladares, casado con María Indo Romo: Es asesor en la subsecretaría de Economía, en donde recibe $5,5 millones mensuales.

El diputado René Saffirio (Ind ex DC) tiene a su hermano trabajando en el gobierno.
• Jorge Saffirio: Es director del Serviu de la región de la Araucanía. Por ese puesto, obtiene más de $2,9 millones al mes.

Una situación similar tiene el diputado Roberto León (DC). Tiene a una hija en un organismo público.
• María Paz León: Es periodista y es jefa del departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación de Curicó. Tiene un sueldo de $2,1 millones.

La diputada Clemira Pacheco (PS) tiene a su esposo.
• René Carvajal: Es abogado, y se desempeña como seremi de Obras Públicas en la Región del Bío Bío, cargo por el que obtiene $4,9 millones al mes.

Y finalmente, la diputada Denise Pascal (PS), tiene a un sobrino en el aparato público.
• León Pascal: Es analista de comunicaciones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales, y tiene un sueldo de $2,1 millones.

Enlace: http://www.eldemocrata.cl/noticias/en-sueldos-a-familiares-de-politicos-de-la-nueva-mayoria-80-millones-gasta-el-estado-al-mes/

Una mujer falleció, y los otros tres ocupantes se recuperan milagrosamente.

El accidente ocurrió pasadas las 09:45 en el kilómetro 1.708 de la ruta 5 Norte, donde el conductor perdió el control de la camioneta y volcó a un costado de la carretera, resultando fallecida Ana Luisa Molina Encina, de 60 años, y heridos el conductor, de 31 años, un lactante de 2 años y una mujer de 31, quienes viajaban desde Calama.



Según se pudo corroborar, la familia se dirigía al poblado de La Tirana, a dejar a la mujer que finalmente falleció en este grave accidente. Su funeral se realizará en la población O’Higgins. Calle Joaquín Prieto.

El estado de salud de los lesionados no es de gravedad. Están fuera de riesgo vital. Así lo indicó un familiar, “Catherine resultó con una fractura en el brazo y deberá pasar a pabellón. Eduardo, tiene golpes en la cabeza y en las piernas ya que había quedado atrapado”.

Con respecto a la hija de ambos, una menor de dos años de edad, ella habría resultado ilesa. Estará en observación hasta este martes en el Hospital de Iquique.

Las causas que provocaron el volcamiento de la camioneta que era conducida por Eduardo Martínez Saavedra, conocido deportista calameño, están a cargo del personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT).



Fotos: Bomberos Pozo Almonte
Página 7 de 52

Publicidad

 

 

 

CONTADOR DE VISITAS

7830330
HOY
AYER
ESTA SEMANA
ULTIMA SEMANA
ESTE MES
ULTIMO MES
VISITAS EN TOTAL
4949
5894
32570
7774742
98580
152833
7830330

Su Ip: 54.167.126.106
Fecha y Hora: 2018-01-18 22:45:10

Link de Interes