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La convocatoria"de advertencia" se realizará este martes 18 de junio y moviliza a los trabajadores de Fundación Integra, la Junji y VTF.

Las organizaciones cuestionan el proyecto del Gobierno que establece un sistema de subvención para los niveles medios, de 2 a 4 años.

Este martes 18 de junio, los trabajadores de jardines de Fundación Integra, Junji y Vía Transferencia de Fondos (VTF) paralizarán sus actividades afectando a 500 mil párvulos en todo el país.

La movilización fue convocada en contra del proyecto del Gobierno que actualmente se encuentra en primer trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que establece un sistema de subvención para los niveles medios, de los dos a los cuatro años.

Según las organizaciones, este proyecto "atenta contra la calidad de la educación parvularia, adelantando la escolarización de los niños y niñas más pequeños. Lo que significa llevarlos a un sistema subvencionado que no funciona y no tiene las capacidades para atender sus requerimientos".



En esa línea, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Fundación Integra, Jessica Camusett, explicó que "esto es un paro de advertencia donde esperamos que hoy día los señores parlamentarios tomen conciencia de lo que significa escolarizar a los más pequeños de este país. Hoy día nadie defiende a los niños".

Además, Camusett cuestionó que "el Presidente (Sebastián Piñera) hoy día ha dicho que los niños están en primera fila, pero este proyecto en realidad es totalmente distinto al discurso que hoy día tiene el Presidente de la República".

"Hoy día nos hemos unido y lamentamos que el martes 18 de junio habrán más de 500 mil párvulos en el país que no serán atendidos en nuestros jardines infantiles producto, justamente, de este proyecto de ley que hoy día se nos quiere instalar. Es un modelo nefasto que no le sirve a la educación parvularia hoy día", agregó.

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), Silvia Silva, aseguró que "el llamado también a los padres y familias, a nuestros usuarios, a comprender y entender que hoy día esta paralización tiene una connotación distinta. Vamos a estar en las calles porque estamos en contra de la escolarización temprana en los niños y niñas más pequeños de nuestro país".

La movilización paralizaría a 25 mil trabajadores de la Fundación Integra, 12 mil de la Junji y 18 mil de VTF.

Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/paralizacion-de-jardines-afectara-a-500-mil-parvulos-en-todo-el-pais/2019-06-14/164028.html


Carla Cerda (21) quien se grabó teniendo relaciones con un funcionario policial en el hospital de La Serena, acusa que alrededor de 4000 uniformados la agregaron a sus redes en una semana y que recibió mensajes de grueso calibre y amenazantes debido a que filtraron la dirección de su casa. Mientras tanto, el otro protagonista de esta historia, el carabinero dado de baja, se aferra a la posibilidad de que la investigación lo exculpe y reciba una sanción menor.

Las repercusiones en el caso del Carabinero que mantuvo relaciones sexuales mientras prestaba servicio en el Hospital de La Serena continúan. Ahora es la mujer, Carla Becerra de 21 años, quien aparece en el video que grabaron los mismos protagonistas de la escena que después se viralizó, la que estudia acciones legales contra otros funcionarios de la institución, por divulgar sus datos personales a través de un documento reservado, incluida su dirección en Santiago, lo que ha hecho que reciba amenazas y mensajes de grueso calibre de hombres que señalan “saber dónde vive”, algo que, dice Carla, la mantiene atemorizada tanto a ella como a su familia.Carla es categórica y lo primero que le interesa aclarar es que no es una trabajadora sexual como se dijo tras la viralización del vídeo.



“Con el carabinero nos estábamos conociendo, éramos andantes, una pareja. Yo no soy una escort, no cobro por sexo. Lo que hago es vender sets de fotografías y videos por internet”, indica la joven santiaguina, que había venido a la zona precisamente para ver al destituido funcionario policial. “Viajé por él. Porque lo habían trasladado a la zona hace poco y queríamos vernos como cualquier pareja”. Pero el trabajo del uniformado no les daba mucho tiempo para estar juntos, por lo que tuvieron “la mala idea” de juntarse en el Servicio de Urgencia, en horario laboral. “Eso fue un error, porque él se estaba exponiendo, pero hicimos lo que cualquier pareja hace. Ahora, yo tomé la decisión de grabarnos porque no le encuentro nada de malo. Me podía servir para los sets que yo hago y que vendo. Sin intención de perjudicarlo, porque en ningún minuto aparece su rostro ni nada. Yo corté todas esas partes”, relata.

La joven vendió el set donde aparecía el video grabado en La Serena. Ahora, cómo se supo que se trataba de su pareja, es algo que desconoce, pero, asegura, “no hay que darle muchas vueltas para darse cuenta que fue otro carabinero, que conocía el lugar, identificaba bien el gorro, y ese tipo de cosas. Seguramente un mismo compañero”, dice, agregando que esta tesis queda clara, con el hecho de que el material empieza a circular en primera instancia entre los grupos de WhatsApp de los uniformados. “Esto yo lo sé, porque una semana después de que grabamos el video, y ya había sido vendido, a mí me empiezan a llegar mensajes de instagram y solicitudes para seguir mi cuenta, te juro, de casi cuatro mil carabineros de todo Chile. En esos mensajes me decían que el vídeo estaba en estos grupos y me preguntaban ‘si era verdad que te tiraste un paco’ y cosas así. Que ellos también eran de la institución y que cuánto cobraba para que hiciera lo mismo con ellos”, sostiene.Pero lo más grave, al menos para Carla, fue lo que pasó después. Tras la divulgación de las imágenes y la sanción al funcionario, otro uniformado, un cabo primero, filtró en las redes sociales sus datos personales desde una ficha privada con antecedentes que sólo maneja Carabineros y la PDI.

“Esto fue lo que me perjudicó a mí, porque te pueden mandar mensajes, pero que ya pasen a ser amenazantes, porque tienen todos tus datos, incluida tu dirección es lo más grave, y esto se hizo público porque otro carabinero se metió a mi ficha, le tomó una fotografía y la divulgó. Ahí empezaron a pasársela entre todos, entre otros carabineros que me han mandado mensajes amenazantes, acosándome”, especificó. Por esta razón, es que se hizo asesorar por un abogado y está decidida a seguir las acciones legales correspondientes en contra de quienes resulten responsables de las amenazas y lo que dio origen a éstas: la divulgación de sus datos privados. “Yo sé quién es la persona que filtró estos antecedentes, un cabo primero, por eso la querella va contra él y contra quienes hayan mandado todos los mensajes amenazantes que me han hecho daño a mí y a mi familia”, expresó.

Fuente: elinformadorchile.com


La Corte Suprema acogió un recurso de casación en la forma y ordenó a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) pagar una indemnización total de $483.649.001 a familiares de un hombre fallecido en un accidente laboral, registrado en la mina Radomiro Tomic, en marzo de 2013.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y confirmó el fallo de primera instancia que había acogió la demanda.

En el documento se explicó que en el fallo de segunda instancia fueron descartadas las declaraciones de testigos y otros análisis, argumentando que “no constituiría prueba en materia procesal civil, y tampoco en materia procesal penal por no tratarse de prueba rendida en el juicio respectivo”.

“…sin reparar en el contenido de la carpeta investigativa, en el cual ciertamente se encontraban instrumentos públicos, oficiales y privados que, no obstante, mereció la observación de los jueces de que pudiera tratarse de documentos de esa clase y la afirmación de que solo podrían constituir documentos privados emanados de terceros a los efectos de este juicio, no se examinaron en su mérito en lo absoluto”, continuaron en el documento.

Asimismo, en el escrito se añadió que “lo anterior tiene importancia, ya que entre las pruebas nominadas tanto en el Código Civil cuanto en el Código Procedimiento Civil, las presunciones constituyen una prueba, que en determinadas circunstancias previstas por la ley, pueden producir el convencimiento judicial. En efecto, las presunciones judiciales para hacer prueba deben ser graves, precisas y concordantes (artículo 1712 del Código Civil), pudiendo una sola presunción llegar a constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal, tenga carácteres de gravedad y precisión suficientes para formar su consentimiento”.

“Era obvio, entonces, que si la prueba aportada dentro de la carpeta investigativa correspondiente a la investigación penal, podía constituir prueba documental valorable en tanto privados y emanados de terceros conforme lo afirmado por los propios sentenciadores de segunda instancia, debió analizárseles a fin de cerciorarse de su valor probatorio, fuere como tales, o fuere como presunciones judiciales…”, sostienen.



“…en estas condiciones resulta efectivo que la sentencia impugnada incurrió en la omisión del requisito 4° del artículo 170 del Código Procedimiento Civil, vale decir, lo relativo a las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, lo cual configura la causal de anulación…en la especie se omitió todo análisis de la prueba producida en juicio, teniendo ello influencia en lo dispositivo, puesto que la ausencia de análisis probatorio condujo a estimar que los actores no probaron la responsabilidad extracontractual que atribuyó a la demandada, ocasionándoles perjuicio con el rechazo de sus pretensiones pecuniarias”.

El fallo de primera instancia, dictado por 18° Juzgado Civil de Santiago, ordenó pagar por concepto de daño moral la cantidad de $80.000.000 a la cónyuge de la víctima; $60.000.000 para cada uno de los dos hijos menores de edad; $40.000.000 para cada uno de los padres, y $15.000.000 para cada uno de los hermanos demandantes.

Además, accedió al pago de lucro cesante por las sumas de $66.386.298 y $92.265.703 respecto de los hijos, montos que resultan “de multiplicar el máximo establecido por el legislador para los alimentos forzosos por los meses que le restan a cada uno de los hijos para cumplir la edad de 21 años”.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/05/27/corte-suprema-ordena-a-codelco-pagar-483-millones-a-familia-de-trabajador-muerto-en-accidente.shtml

Afortunadamente solo hubo daños materiales tras escapar providencialmente el conductor de una muerte segura.

Un providencial escapada de la muerte tuvo un conductor de una camioneta minera; que durante la tarde de ayer fue colisionada por alcance por un camión de extracción (CAEX) que aplastó la parte trasera completamente de la pequeña máquina.



Según los antecedentes, la camioneta en los momentos que se trasladaba al interior del rajo de la mina, no habría respetado una señalética que daba preferencia a la pesada máquina minera.

Producto de este incidente que pudo cobrar la vida de un minero, la empresa minera detuvo las operaciones inmediatamente en la mina, para luego dar aviso a Sernageomin para la investigación de rigor en este tipo de accidente en una minera.



Fuente: http://www.revistatecnicosmineros.com/2019/05/grave-accidente-entre-camion-caex-y-camioneta-en-mina-escondida/?fbclid=IwAR0vySd9IgPcRNN1mBoTgQo3NtFtkEb1xUVKRlvnZfSH0EPStEP_F7p9PgA
La ministra de Energía, Susana Jiménez, aseguró que el reintegro se materializará no más allá del mes de julio. Junto con esto, remarcó que solo se instalarán nuevos medidores a aquellos clientes que lo soliciten.

La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció nuevas medidas para enfrentar la polémica por los medidores inteligentes. En concreto, la autoridad remarcó que el cambio será voluntario y que se devolverá todo cobro asociado a éstos.

En ese sentido, estableció tres puntos importantes sobre la nueva medida:

1.- Se suspenden y devuelve todo cobro asociado a medidores inteligentes, lo que significa que se les devolverá íntegramente el dinero y se materializará no más allá del mes de julio.

2.- Solo se instalarán nuevos medidores a aquellos clientes que lo soliciten. Los clientes asumirán los costos de este medidor como concepto de arriendo. Así quienes quieran quedarse con su medidor tradicional no pagarán por los nuevos.

3.- Los que opten por los nuevos medidores pagarán a través de un concepto de arriendo y tendrán sus beneficios. "Como Gobierno estamos convencidos que este cambio debe ser por convicción de cada persona y no por imposición del Estado", declaró la ministra.

Con esto el Ejecutivo busca enfrentar los efectos de la medida, que concita un amplio rechazo ciudadano. De hecho, este lunes se conocieron los resultados de la encuesta Cadem, que grafican que aunque la empresa distribuidora pague $10 mil como incentivo, un 86% no realizaría el recambio.

Incluso, un 85% piensa que los nuevos medidores benefician principalmente a las empresas.

¿Cómo surgió la polémica?

El 25 de enero del año 2018 se votó en la Cámara de Diputados una modificación legal que entre otras cosas estableció el mecanismo de cambio de medidores y cobro de éstos.

Las modificaciones que se aprobaron tenían su origen en solucionar los problemas derivados tras el terremoto que afectó a Coquimbo en 2015, movimiento telúrico que destruyó el tendido eléctrico y el cambio de empalmes y medidores estaba siendo cobrado a los afectados.

Finalmente, en una disposición transitoria se dejó por escrito que los decretos tarifarios podrán incorporar mayores costos asociados a estándares y exigencias de calidad.

Aunque el gobierno anunció un subsidio de $10 mil pesos por el cambio -en algunas de las empresas- esto no fue suficiente para responder al rechazo ciudadano.

Enlace: https://www.t13.cl/noticia/nacional/cambio-de-medidores-empresas-deberan-devolver-dineros-cobrados-a-usuarios?fbclid=IwAR3ydduH09zlc0Al_rhLiKwPE3PRexNQ3CmO2uCsAugP82CMiywBSO1y91Q

Se crearán 450 nuevos empleos directos más mil indirectos en transportes, servicios y alimentación.

En una visita a la mina Pampa Camarones, autoridades regionales anunciaron esta mañana la reactivación de las faenas a contar de junio de este año.

El proyecto moverá cerca de 40 mil toneladas de mineral por mes, lo que generará 8 mil 500 toneladas de cátodos de cobre al año, los que serán vendidos a la firma japonesa Mitsui.

La reactivación permitirá la creación de 450 empleos directos y mil indirectos en transportes, servicios y alimentación.

“Es una reactivación económica para Arica y Parinacota, que permitirá decir que se están creando empleos de calidad y con buenos salarios”, manifestó la intendenta Maria Loreto Letelier.

Por su parte, el seremi de Trabajo, Juan Manuel Carrasco, destacó que los empleos irán en directo beneficio de las familias ariqueñas, ya que se implementará la modalidad de turnos 7x7 con pernoctación en la ciudad.

Fuente: soychile.cl - https://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2019/03/28/588147/En-junio-se-reactivan-las-faenas-de-la-mina-Pampa-Camarones.aspx?fbclid=IwAR3AKsFx4a5eZB2N3gvbWsuB4F_UBJw1JNWXm2DzB5KagG8tZJpwUHs8jAA


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