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Miércoles, Ago 30 2017
Jasmin Rivera, ya se encuentra en la ciudad de Quillota, donde irà en busca de la corona nacional.

En total son 16 jóvenes que buscan alcanzar el cetro de belleza. Este 2 de septiembre se define a la representante de Chile para el certámen de Belleza y Medioambiente Miss Earth 2017.

El certamen combina belleza femenina con la promoción al cuidado del medioambiente, reciclaje y ecoturismo, y tendrá a representantes de 16 comunas de todo Chile.

Para la versión de este año, se anunció que la final será en Quillota, en donde las competidoras deberán demostrar conocimiento, talento y desplante sobre el escenario, para así ser elegidas como la embajadora ambiental del país y recibir la corona que posee la puertovarina Tiare Fuentes.

Además, la final contará con la participación de la actual Miss Earth 2016, la ecuatoriana Katherine Espín, quién visitará nuestro país para participar del certamen.

(De derecha a izquierda y arriba a abajo) Valparaíso, Valentina del Valle; Quillota, Constanza Schmith; Ovalle, Cabriela Castro; Calama, Jasmin Rivera; Chillán, Karen Rojas; Coquimbo, Constanza Zeman; Vallenar, Valentina Núñez; La Florida, Javiera Gómez.



(De derecha a izquierda y arriba a abajo) Curicó, Cathy Martínez; Rancagua, Franchesca Valdebenito; Temuco, Josefina Riadi; Constitución, Rocío Latrach; La Calera, Sofía Manzul; Chiloé, Natalia Castro; La Serena, Karina Pérez; Paine, Javiera Rivas.



Jasmin Rivera, representante de Calama

Miércoles, Ago 30 2017
Este martes la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile y Chile Transporte entregaron un petitorio al Gobierno a raíz de los últimos ataques incendiarios a camiones en el sur.

Entre los puntos que enviaron, solicitan crear una unidad de investigación y persecusión penal a cargo de un grupo de elite compuesto por las policias, la designación de un delegado presidencial por tiempo indefinido y dar suma urgencia legislativa a la modificación de la ley antiterrorista.

Por otro lado señalaron que de no sea aceptado en su totalidad este petitorio en los próximos 7 días, realizarán una movilización de caracter nacional.

Revisa el petitorio completo a continuación:





Enlace: http://www.cnnchile.com/noticia/2017/08/29/camioneros-dan-7-dias-al-gobierno-para-que-acepte-petitorio-o-realizaran
Miércoles, Ago 30 2017
Este miércoles a las 11:00 horas se lanzará Fraterna, una nueva red social creada en Chile y pensanda alrededor de un nicho que sigue creciendo en número e importancia en el país: la comunidad evangélica y protestante.

Sin posibilidades de garabatos, insultos, funas, pornografía, suplantación de identidad o amenazas, la nueva red social cristiana debutará mañana ante la comunidad evangélica de Chile.

“Porque Facebook se ha transformado en una moledora de carne humana, si, por ejemplo, no estás de acuerdo con la derecha eres un comunista y si no eres de izquierda eres un fascista. Nosotros queremos cuidar a nuestra juventud, en especial a los más pequeños”, indicó a BioBioChile, Cristian Nieto, encargado de Comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas.

Según Nieto, las posibilidades de compartir afinidades en redes tradicionales resultaban insuficientes: “Cuando comenzó el debate por el aborto, por ejemplo, cristianos posteaban y recibían decenas de críticas de todo tipo y el desgaste pedía un espacio propio”.

¿Qué pasará con los “Me gusta”? ¿Cuáles son las novedades?

Fraterna ha considerado una serie de positivos emoticones e iconos destinados a enriquecer el contacto entre sus usuarios: Bendiciones, Me alegra, Amén, Aleluya, Gracias a Dios, Dios te Bendiga, Felicitaciones, Me Gusta y Me Encanta, entre otros, serán las múltiples posibilidades de expresión.

En materia musical, Fraterna cuenta con su propia versión de YouTube, que al igual que su par, permite compartir música, subir contenidos y promover a grupos emergentes, además de la posibilidad de captar ingresos.

Especial interés ha despertado el “Tinder” evangélico. Un espacio destinado a contactar personas que buscan pareja y cuya visión valórica sea coincidente.

La Biblia on line, con concordancias, referencias y notas históricas, corresponde a otro de los múltiples espacios disponibles para los usuarios de Fraterna.

Otro novedoso espacio será su bolsa de trabajo, donde empresarios cristianos podrán ofertar espacios para profesionales, técnicos y personas en general. De la misma forma este espacio considerará a los emprendimientos y microempresas.

Asimismo estará la posibilidad de organizar grupos de interés por afinidades, causas y organizaciones. En este contexto está a agenda de cada iglesia y su pastor, disponible solo para los integrantes de cada denominación.

Mirando al exterior

Esta iniciativa de chilenos fue propuesta por la empresa Global Data a la comunidad evangélica y protestante de Chile, quienes -como ya se indicó- buscaban su propio espacio.

La plataforma no tendrá ningún costo para los usuarios, por el contrario buscará aprovechar el creciente interés de la sociedad por este nicho y buscar retribuciones para quienes la aprovechen. Como por ejemplo convenios con empresas automotrices para comprar en términos especiales.

La nueva red social, que buscará financiarse con publicidad, pretende extenderse al resto del Cono Sur, partiendo por comunidades con las cuales Chile tiene mayor conversación, como son Perú, Argentina, Bolivia o Venezuela.

Según Cristian Nieto, la diferencia de esta red social con otras iniciativas cristianas que se han tratado de levantar, es que esta constituirá un espacio mucho más abierto y tolerante, ya que podrán participar en él diferentes iglesias tradicionales y personas ajenas a ellas, claro que con menos atribuciones y bajo la obligación de mantener el respeto para no ser bloqueado por el software detrás de la plataforma.

Enlace: http://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2017/08/29/el-facebook-evangelico-que-nace-en-chile-bendiciones-acompanan-al-me-gusta.shtml


¿Sabías que un decreto preparado por el Gobierno obligará a las empresas telefónicas a mantener por 2 años un registro con todos los datos de tus llamadas, navegación de internet, correos, mensajes de texto y WhatsApp e incluso el uso que das a las aplicaciones que tengas en tu celular?

Pero no te preocupes… demasiado. A nadie le interesa escuchar tus llamadas de “cuelga-tú-no-cuelga-tú-mejor” ni menos ver los memes de perritos que publicas en Facebook. Este decreto va por tus metadatos, aquellas huellas casi imperceptibles que dejan las comunicaciones electrónicas: la fecha y hora en que llamaste, a quién llamaste y cuánto duró, desde qué dirección de internet (IP) te conectaste y qué sitios visitaste, cuántos mensajes y a quién los enviaste, qué aplicaciones usas más, qué tipo de teléfono tienes y cuál es su número de registro…

¿Mencioné que los metadatos también registran la ubicación geográfica desde donde hiciste todo eso?

Ok, ahora puedes comenzar a preocuparte.

¿Combate al crimen o espionaje?

Pero, ¿de dónde viene esta curiosa idea de vigilarnos? Después de todo, la Constitución garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas, ¿no?

Pues… no totalmente. La propia Carta Magna (sinónimo cursi para Constitución) establece que estas podrán ser interceptadas “sólo en los casos y formas determinados por la ley”.

Esa ley es el artículo 222 del Código Penal, el cual indica que cuando existan sospechas fundadas de que alguien está involucrado en un delito con pena de crimen (o sea, pasar más de 5 años y un día a la sombra), se podrán interceptar y grabar sus llamadas telefónicas, así como conocer las direcciones IP -una especie de RUT que identifica a cada computador o teléfono conectado a internet- a las que ha accedido.

Entonces, para regular esto último se dictó en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el decreto 142, el cual obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de estas direcciones durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a 1 año por la ley contra la pedofilia.

Y aquí viene el problema.

Según explica un artículo publicado por El Mostrador, en 2014 las autoridades de la época se dieron cuenta de que el asunto no estaba resultando. Por una parte, la tecnología había evolucionado rápidamente y tener sólo una lista de direcciones IP no bastaba. Por otra, tomaba tanto tiempo cursar una orden judicial y que las empresas la acataran, que cuando se daba acceso al registro, los datos ya habían sido eliminados.

Fue tras el bombazo en la estación de metro Escuela Militar que el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, propuso la primera reforma a la normativa: que el solicitante de la información fuera el Ministerio Público y no las policías, además de ampliar todo lo posible el concepto de “comunicaciones”, a fin de prever los avances tecnológicos.

Finalmente y tras llegar a acuerdo con las empresas de telecomunicaciones, sería el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien obtendría la firma de la presidenta Bachelet para ingresar a Contraloría el pasado 4 de agosto el nuevo decreto, listo para enfrentar el crimen en el siglo XXI.

¿Todos contentos? Para nada.

Una verdadera bolsa de gatos



Tras la publicación de El Mostrador, el subsecretario del Interior en persona, Mahmud Aleuy, hizo llegar una carta al periódico digital denunciando lo que calificó como una “controversia falsa e interesada”, alegando que la modernización del decreto 142 no tiene nada ilegal ni menos inconstitucional.

Para el organismo, la iniciativa sólo corresponde a una necesaria respuesta ante la evolución de las telecomunicaciones durante los últimos 12 años, remitiéndose a establecer un plazo razonable para guardar registros básicos de las comunicaciones.

“Es necesario aclarar que toda esta información ya es almacenada por las empresas de telecomunicaciones con fines comerciales. Lo que se define en el reglamento es que sea puesta oportunamente a disposición de la justicia, cuando la Fiscalía lo requiera, en el contexto de una investigación penal que cuenta con el resguardo del Juez de Garantía. De esta forma, se cumplen todas las obligaciones legales y estándares constitucionales”, aseguró Aleuy.

Pero, ¿no es inconstitucional que se modifique vía decreto una normativa que hasta ahora había sido tratada por el Legislativo?

“No se está modificando una normativa -respondió la Subsecretaría del Interior a BioBioChile– lo que se realiza en el reglamento es precisar la forma en que se debe dar cumplimiento a las obligaciones legales, entonces se trata de ejecutar el mandato legal en forma efectiva”.

¿Existen otros países donde se estén aplicando las mismas normativas? La Unión Europea (UE) rechazó la aplicación de una disposición similar por considerar que atenta contra los derechos fundamentales de las personas.

“Actualmente se aplica la conservación de metadatos en países como Alemania, Brasil, Australia, España, Estados Unidos, entre otros”.

(¿Qué España no queda en Europa? Sí, pero el fallo de la UE permitió a sus miembros conservar sus legislaciones hasta redactar un texto de acuerdo comunitario). Desde su concepción, el nuevo decreto fue polémico. El Ministerio Público dejó de participar a poco de iniciadas las mesas de trabajo el año pasado, según el organismo, porque el Gobierno no volvió a llamarlos (este, por su parte, asegura que fueron ellos quienes los dejaron con los chequecitos de WhatsApp en “visto”).

Otra crítica contra el Gobierno fue la discreción con que se llevó a cabo la tarea. No hubo información a la ciudadanía, ni tampoco se pidió a expertos o académicos que asistieran.

“Este proceso se hizo a puertas cerradas. No hubo consulta pública. Aquí el Ministerio del Interior se sentó con las empresas de telecomunicaciones a elaborar el nuevo decreto, con una lista de supermercado de las pretensiones de la Policía de Investigaciones (PDI)”, indicó a BioBioChile el analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier.

Y la organización está sólo calentando. Para Voillier, la iniciativa también es inconstitucional, pues el Ejecutivo intenta modificar vía decreto una ley que correspondería al Congreso, ampliando de forma exagerada la cantidad de datos y el plazo en que se conservarán.

“Estamos hablando prácticamente de todos los datos comunicacionales, incluyendo la georreferenciación (ubicación) de los usuarios. Es algo extremadamente complejo y desproporcionado. Hoy puedes saber más de una persona a través de sus metadatos que con sus propios mensajes o llamadas”, señala el abogado.

Pero para la ONG, lo más preocupante es que la ambigüedad -o amplitud- de los términos en que fue redactado el decreto, no dejan claro quienes y en qué circunstancias tendrán acceso a los datos de los usuarios.

“El nuevo decreto indica que cualquier organismo público autorizado podrá tener acceso a la información. ¿Qué significa eso? ¿Por qué todos los chilenos nos debemos someter a la vigilancia del Estado? El texto se presta para múltiples abusos y fue preparado en un proceso sumamente sospechoso. No es digno de una democracia”, sentencia Voillier.

Una opinión similar tiene Patricia Peña, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora de su Diplomado de Comunicación Digital, quien compara el caso con el cambio que realizó México en su ley de telecomunicaciones.

En la nación azteca también se retienen los metadatos por 2 años y se ha criticado internacionalmente que, en vez de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, acabó por convertirse en un instrumento para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos.

“La discusión que se dio en México es importante porque ahí es donde está el límite entre pensar que lo que se está articulando es esta figura de estado supravigilante, la idea de un panóptico (torre de vigilancia carcelaria) estatal encima de los ciudadanos, donde todos terminamos siendo potencialmente sospechosos de algo. La pregunta es entonces, ¿para qué la vigilancia?”, indicó Peña a El Mostrador.

Calladitos se ven más bonitos

Siendo un tema que involucra directamente la privacidad de sus usuarios, nos figuramos que las empresas y organismos pertinentes tendrían mucho que decir al respecto. Error: para ser entidades de comunicaciones, sólo nos topamos con silencio.

Hablamos con Movistar que, tras una larga deliberación, nos dijo tanto ellos como el resto de las empresas de telecomunicaciones suscritas a Atelmo habían acordado dejar la vocería a esta asociación gremial.

Por su parte en Atelmo, la Asociación de Telefonía Móvil que comprende a las principales firmas del rubro a excepción de WOM -que está enojado con ellos tras denunciar que le hacen bullying– nos respondieron varias veces que no habían logrado ubicar a su presidente, Guillermo Pickering (sí, exsubsecretario del Interior), por lo que nunca recibimos una contestación.

(Desde ya, si ve a Guillermo Pickering, por favor de aviso a Atelmo. Su familia debe estar preocupada).

Así que fuimos con el tío WOM, que no ha tenido pelos en la lengua para denunciar las que considera malas prácticas de la industria. Sin embargo, esta vez prefirió guardar aquella lengua y sólo nos entregó un escueto “por ahora no nos referiremos al tema”.

Desilusionados, marcamos el teléfono de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), donde amablemente nos dijeron que no estaban autorizados a hablar del asunto debido a que todo estaba siendo coordinado por su hermano mayor (en inglés, Big Brother), el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior a su vez nos transfirió a la Subsecretaría del Interior y, por fin, aquí no nos derivaron al buzón de voz.

De hecho, estaban bastante mosqueados.

“Esto es una controversia falsa e interesada”



Sin embargo cuando revisamos en detalle encontramos algunos bemoles. En Brasil, la ley determina que sólo se registrarán individualmente los datos de las personas requeridas por una orden judicial y por plazo máximo de 1 año. En España básicamente se mantiene el registro de direcciones IP, aunque este puede ser requerido además de las policías, por la Dirección de Aduanas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, por si a alguien le trae recuerdos).

Pero Estados Unidos se lleva el premio, literalmente. Según el artículo 222 (cualquier parecido a Chile es pura coincidencia) del Código de Privacidad de la Información del Consumidor, los proveedores deberán conservar por al menos 90 días los datos de los usuarios sólo cuando una agencia gubernamental lo requiera.

Más aún, la ley estadounidense no contempla un máximo de tiempo en el cual las empresas deban borrar dicha información, por lo que pueden mantenerla de modo voluntario. Ahora, ¿por qué una empresa incurriría voluntariamente en los gastos que esto conlleva? Pues porque el gobierno debe compensarlas económicamente por ello.

Sí, uso la Fuerza para resistirme a hacer elucubraciones.

Pero volviendo a nuestros amigos de la Subsecretaría del Interior, reservamos nuestra principal interrogante para el final: dado que el borrador del texto al cual se tuvo acceso dispone que “cualquier organismo público autorizado” podrá acceder a la información. Entonces, ¿una redacción de esta índole no deja demasiadas posibilidades a que se abuse del acceso a los datos?

“El reglamento señala que la información se encontrará a ‘disposición del Ministerio Público y de toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlos"”, nos responden.

Mmmmkey… pero eso es como lo mismo.

“El Código Procesal Penal establece que la Fiscalía puede requerir a sus organismos auxiliares la obtención de los registros en el marco de un proceso, y sus organismos auxiliares son Carabineros y la PDI”, retrucó.

¿Entonces podemos publicar que el Gobierno asegura que las ÚNICAS instituciones que podrán requerir los datos serán el Ministerio Público y las policías? ¿Absolutamente nadie más?

“Lo que corresponde es señalar que a los registros acceden los que son autorizados por la ley”.

Enlace: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/25/gobierno-firma-decreto-para-guardar-datos-de-tus-llamadas-internet-y-mensajes-por-2-anos.shtml


Miércoles, Ago 02 2017
El ex candidato a diputado por Calama, y que se volverá a postular (3ra vez) Ahora por el distrito N°20, que corresponde a las ciudades de Hualpén; Talcahuano; Chiguayante; Concepción; San Pedro de la Paz; Coronel; Florida; Hualqui; Penco; Santa Juana, y Tomé, es parte de la declaración pública, donde algunos miembros del Frente Amplio, indican que la candidata no los representa al momento de referirse a Cuba, Venezuela, y Bolivia.

En el comunicado que fue publicado a través del Facebook Partido igualdad, da a conocer que cuando Beatriz Sánchez se refiere a Cuba como una dictadura, no menciona los logros sociales. Que cuando habla de Bolivia, les gustaría escuchar de la candidata, hablar de integración, de tratados que enriquezcan a ambos países, de propuestas para discutir con boliviano tratados acuíferos. Y cuando se refiere a Venezuela, creen que es fundamental decir que la derecha local y mundial intenta aplicar ahí el mismo guion golpista que aplicaron al gobierno popular de Salvador Allende.

COMUNICADO



Modificación al Código del Trabajo ingresada por la diputada Paulina Núñez establece requisito adicional para autorizar la jornada excepcional.

Con el objetivo de frenar el fenómeno de la conmutación laboral la diputada por al Cuarto Distrito, Paulina Núñez (RN), presentó un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo estableciendo un nuevo requisito para autorizar la jornada excepcional.

De acuerdo a lo explicado por la parlamentaria -quien recibió asesoría de profesionales del Instituto Libertad para la concreción del proyecto-, la iniciativa legal fue presentada el jueves 20 de este mes -justo antes que comenzara la semana distrital de la Cámara- por lo que sólo ingresó con su firma.

Sin embargo, adelantó que “este es un tema que afecta a varias regiones del norte del país y que hemos conversado con anterioridad con varios parlamentarios representantes de estas zonas -de todos los sectores políticos-, por lo que a partir del lunes voy a invitarlos a que se sumen a esta iniciativa”, dijo.

En su presentación, el texto legal ingresado al Congreso argumenta que si bien “el trabajo conmutado aparece como económicamente eficiente, sólo se revela como tal desde el punto de vista de la empresa, que puede realizar sus operaciones manteniendo un solo gran punto de control corporativo, disminuyendo, en consecuencia, los costos asociados. Sin embargo, las jornadas especiales no son eficientes con su entorno, desde el punto de vista urbano, comunal-económico y familiar”.

Por esa -y otras razones expuestas en el texto- la parlamentaria asegura se hace necesario “establecer un equilibrio” entre el interés de las empresas y el de las comunidades donde se desarrollan estas labores.



Requisito

En concreto, el proyecto de ley propone modificar el Artículo 38 del Código del Trabajo estableciendo un nuevo requisito para que las respectivas Direcciones del Trabajo regionales autoricen una jornada excepcional.

Este requisito adicional será que el trabajador acredite ante la autoridad laboral que tiene su residencia en la región donde realice su trabajo, y si está casado o convive civilmente, que tanto él como su cónyuge o conviviente civil tienen esa residencia.

“Es una realidad respaldada por estudios serios que estas jornadas no nos dejan nada en la región, lamentablemente no hay una retribución del trabajo que nuestra región le está entregando a todas esas personas y familias. Lo que queremos es invitarlos a que vivan en nuestra región, porque además de ser un aporte económico, eso también implicará un mejor cuidado de nuestras ciudades, cuando uno vive en un lugar se preocupa de cuidarlo”, aseguró Núñez.

Impacto

De acuerdo al último informe del Observatorio Laboral de Antofagasta, es la industria minera donde se presenta con mayor fuerza el fenómeno de la conmutación en la zona, alcanzando un 45,6% sobre el total del empleo sectorial.

Le siguen Construcción (23,7%), Industria manofacturera (10,7%) y Transporte, comunicaciones e información (10,3%).

Sobre su impacto, se estima que anualmente se fugan por concepto de sueldos de los trabajadores que vienen a laborar pero no viven en la región el equivalente a seis veces el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Adicionalmente, un reciente estudio denominado “Pérdida de recolección de impuestos territoriales producto de la conmutación interregional”, elaborado por Dusan Paredes, académico de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte (UCN), calculó entre $900 y $2.000 millones anuales el aporte que deja de percibir el municipio de Antofagasta por ese concepto.

Para intentar mitigar ese impacto se han planteado una serie de iniciativas que van desde terminar con los turnos 7×7 hasta implementar un impuesto con cargo a las empresas o los trabajadores.

Oferta

Al respecto, al presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, aseguró que esto no puede resolverse “por decreto”.

“La decisión de donde vive alguien es muy personal, obedece además a factores que cambian y que son individuales. Tiene que ver con la educación, la salud. Entonces creo que una ley no es la solución”, dijo.

Advirtió que Antofagasta debe propender hacia un desarrollo urbano que sea más equilibrado. “En la medida que tienes una oferta de salud, educación, deporte, eso debería ir atrayendo más gente”. Agustín Latorre , vocero de la Federación Minera de Chile señaló que ninguna de las propuestas planteadas para enfrentar la conmutación ataca los problemas de fondo.

“Primero, el excesivo centralismo no nos permite tener una política regional de desarrollo, por lo que las empresas mineras se llevan la riqueza al extranjero sin dejar nada en la zona. Es urgente contar con planes verdaderos de desarrollo regional, más aún en una región como Antofagasta, donde se concentra el 50% de la industria minera que es el sustento de la economía y desarrollo nacional”, dijo.

Asimismo, sostuvo que “la falta de una carta de navegación propia en la región provoca -por ejemplo- que no exista una política habitacional acorde a la realidad de Antofagasta, como así también enfrentamos un altísimo costo de la vida a los cual se suma el casi nulo acceso a la cultura y alternativas de deporte y recreación, entre otras sensibles problemáticas”, cerró el dirigente.

Ante la opción que este proyecto se convierta en ley, Núñez advirtió que representará un desafío tanto para las autoridades regionales, comunales y para los habitantes de la zona. “Es fundamental ofrecer mejoras importantes en infraestructura, servicios, salud y educación, y también en la forma como los antofagastinos acogemos e integramos a la gente que llega”, concluyó.

Enlace: http://www.mch.cl/2017/07/31/proyecto-ley-condiciona-turnos-7x7-la-residencia-la-region-antofagasta/


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